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El Tribunal Supremo anula la condena en costas en un caso de servidumbre de desagüe, estableciendo importantes precedentes legales

El Supremo aclara que la reforma de las costas en apelación de 2023 solo se aplica a los procesos iniciados después de su entrada en vigorLa Sala de lo Civil anula la condena en costas de una apelació...

18 de noviembre de 2026
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El Tribunal Supremo anula la condena en costas en un caso de servidumbre de desagüe, estableciendo importantes precedentes legales.

El Supremo aclara que la reforma de las costas en apelación de 2023 solo se aplica a los procesos iniciados después de su entrada en vigor

La Sala de lo Civil anula la condena en costas de una apelación estimada en un pleito sobre una servidumbre de desagüe. La Audiencia aplicó la nueva redacción del artículo 398 de la LEC, introducida por el Real Decreto-ley 6/2023, a un procedimiento iniciado en 2021, cuando la norma solo rige para los procesos incoados desde marzo de 2024.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación de una vecina de Sant Mateu (Castellón) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que, además de darle la razón a sus vecinos en un pleito sobre una servidumbre de desagüe, le impuso las costas de la apelación.

El conflicto: el agua de lluvia entre dos fincas

Las dos fincas son colindantes, pero están a distinta altura. La de la demandada, una vivienda unifamiliar con jardín, se encuentra en un plano superior a la de los demandantes, un matrimonio propietario de un almacén. Tras unas obras de urbanización municipal, el jardín quedó además por debajo de la cota de la calle. Según los demandantes, cuando llueve con cierta intensidad el agua se acumula en esa zona, queda estancada contra el cerramiento de su almacén y se filtra al interior.

En enero de 2021, el matrimonio ejercitó una acción negatoria de servidumbre de desagüe de edificio (artículo 586 del Código Civil). Pidió que se declarara que su finca no estaba obligada a soportar el vertido de aguas de lluvia de la vecina y que se condenara a esta a hacer las obras necesarias para suprimirlo.

La demandada se opuso alegando que el agua caía en su propio terreno y que las filtraciones se debían a unas lluvias extraordinarias en marzo de 2020. Además, formuló reconvención: sostuvo que había adquirido la servidumbre de desagüe por prescripción, tras más de veinte años de uso pacífico, y de forma subsidiaria pidió que se constituyera a cambio de una indemnización de 300 euros.

Las sentencias de instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Vinaròs desestimó la demanda y estimó la reconvención. Consideró que la servidumbre existía desde hacía más de veinte años, desde que se terminó la vivienda de la demandada, y que esta la había adquirido por prescripción. Impuso las costas a los demandantes.

La Audiencia Provincial de Castellón revocó la sentencia. Razonó que, al tratarse de fincas urbanas, era aplicable el artículo 586 del Código Civil, y que el plazo para adquirir la servidumbre no empieza a contar desde la construcción del edificio, sino desde que se producen los primeros daños en la finca vecina. Concluyó que las filtraciones comenzaron con la urbanización de la calle, sin que constara que hubieran pasado veinte años desde entonces. Rechazó también la petición subsidiaria, porque tras la urbanización la vecina dispone de un desagüe público. En consecuencia, estimó la acción negatoria, desestimó la reconvención e impuso a la demandada las costas de las dos instancias, con cita de los artículos 398.1 y 394.1 de la LEC.

Un recurso centrado en las costas

El Supremo inadmitió el motivo del recurso relativo al fondo, por lo que la acción negatoria queda estimada. Solo admitió el motivo sobre las costas de la apelación, en el que la recurrente denunciaba la infracción de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2023.

Qué cambió la reforma

El Supremo explica la diferencia entre las dos redacciones del artículo 398 de la LEC:

  • Antes de la reforma, si se estimaba total o parcialmente un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación, no se imponían las costas del recurso a ninguna de las partes.
  • Tras la reforma del Real Decreto-ley 6/2023, las costas de la apelación se rigen por las reglas generales del artículo 394, es decir, por el criterio del vencimiento. La exención en caso de estimación se mantiene solo para la casación.

Esa modificación forma parte del título VIII del libro primero del Real Decreto-ley, que entró en vigor a los tres meses de su publicación, el 20 de marzo de 2024.

Cuenta la fecha de inicio del procedimiento

La disposición transitoria segunda establece que las previsiones del libro primero se aplicarán «exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados con posterioridad a su entrada en vigor», salvo que se disponga otra cosa. Para el Supremo, esto significa que la reforma solo rige para los procedimientos iniciados a partir del 20 de marzo de 2024.

La Sala precisa que no debe confundirse el procedimiento, entendido como la sucesión de actos y trámites regulados por la ley, con cada una de sus fases o con la interposición de los recursos. Los recursos se rigen por las normas vigentes cuando se presentó la demanda que dio origen al procedimiento, aunque después entren en vigor modificaciones.

Aplicación al caso

La Audiencia aplicó claramente la nueva regulación: de lo contrario, no tendría sentido condenar en costas tras estimar la apelación ni citar el artículo 398.1, que antes de la reforma regulaba el supuesto contrario, la desestimación del recurso. Pero la demanda se presentó en enero de 2021, más de tres años antes de que la reforma entrara en vigor, por lo que no era aplicable.

El Supremo añade que, aun prescindiendo del tenor literal de la disposición transitoria, el recurso de apelación se interpuso en diciembre de 2022, también antes de la reforma. Y advierte de que atender a la fecha en que se dicta la sentencia de apelación haría depender la norma aplicable del retraso o la carga de trabajo del tribunal, en contra del principio de seguridad jurídica.

Fallo

El Tribunal Supremo estima el motivo y, como la apelación fue estimada íntegramente, declara que no procede imponer a ninguna de las partes las costas de ese recurso, conforme al artículo 398.2 de la LEC en su redacción anterior. Se mantienen los demás pronunciamientos de la Audiencia. No se imponen las costas de la casación y se devuelve el depósito para recurrir.

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