La Diputación Permanente mantiene las medidas de vivienda asequible, pero rechaza la reforma que pretendía ampliar la duración de los contratos de alquiler
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha decidido mantener el paquete de medidas de protección y financiación residencial previsto en el Real Decreto-ley 29/2026, mientras que ha rechazado la reforma que pretendía reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Las decisiones, adoptadas el 12 de noviembre de 2026, reflejan dos posiciones diferentes sobre la intervención pública en el mercado inmobiliario.
La convalidación del Real Decreto-ley 29/2026 ha obtenido 35 votos favorables y 34 contrarios. Por su parte, el Real Decreto-ley 28/2026 ha sido derogado por 34 votos a favor y 35 en contra. El resultado mantiene las medidas dirigidas a ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda, pero descarta las nuevas garantías contractuales que se proponían para los arrendatarios.
El alquiler queda fuera de la reforma propuesta
Uno de los principales cambios que no prosperarán afecta al artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El Real Decreto-ley 28/2026 pretendía establecer un sistema de prórrogas sucesivas para los contratos de vivienda habitual una vez superados los plazos mínimos de cinco años, o siete cuando el arrendador fuera una persona jurídica.
La propuesta contemplaba que los contratos continuasen por periodos sucesivos de igual duración, salvo que alguna de las partes comunicase su voluntad de no renovarlos. También ampliaba de cuatro a seis meses el plazo de preaviso que debía respetar el propietario.
Además, introducía una compensación económica para el inquilino cuando el arrendador decidiera no prorrogar el contrato. La cuantía se calcularía aplicando el mayor importe entre doce mensualidades conforme al valor superior del rango individualizado del sistema estatal de referencia de precios del alquiler y una mensualidad por cada año de residencia en la vivienda, utilizando ese mismo valor.
La derogación de la disposición impide que estas medidas entren en vigor a través de la reforma propuesta, por lo que no se incorpora el nuevo régimen extraordinario de continuidad contractual.
Protección residencial frente a situaciones de vulnerabilidad
La otra decisión parlamentaria mantiene las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 29/2026. Entre sus principales previsiones figura la limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2030.
La norma también contempla la suspensión temporal de determinados desahucios cuando afecten a personas vulnerables que no dispongan de alternativa habitacional. Se trata de una medida de protección social que incide sobre determinados procedimientos de recuperación de viviendas, aunque su aplicación queda condicionada a los supuestos contemplados en la disposición.
Asimismo, incorpora medidas relativas a las personas arrendatarias y a la acreditación de la condición de gran tenedor, dos cuestiones relevantes para el desarrollo de las políticas públicas de vivienda.
La fiscalidad también entra en la nueva regulación
El alcance del Real Decreto-ley 29/2026 no se limita a las relaciones entre propietarios e inquilinos. La disposición introduce modificaciones tributarias en el IRPF, el IVA, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
La modificación de estas figuras fiscales incorpora una dimensión económica adicional a la regulación residencial, con posibles efectos sobre particulares, empresas y operadores inmobiliarios. El alcance concreto de cada cambio deberá determinarse atendiendo a las previsiones específicas de la norma.
Dos líneas de avales para impulsar la oferta
La ampliación del parque público y la promoción de vivienda asequible constituyen otro de los ejes de la disposición.
Para avanzar en este objetivo, se crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social y se establece una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros destinada a financiar el incremento o mejora del parque de alquiler social o asequible.
A esta medida se añade otra línea de avales de hasta 280 millones de euros para cubrir parcialmente la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a pequeñas y medianas empresas fabricantes o promotoras que utilicen sistemas de construcción industrializada.
Ambos instrumentos buscan facilitar la financiación de proyectos residenciales y apoyar el desarrollo de nuevas fórmulas constructivas.
TU CASA: financiación para la primera vivienda
La norma incorpora igualmente el mecanismo TU CASA, que permitirá conceder préstamos sin intereses ni comisiones para acceder a la primera vivienda habitual hipotecada.
La cuantía de la financiación alcanzará el menor importe entre el 20 % del valor del inmueble y 50.000 euros. De esta manera, se establece un instrumento de apoyo económico dirigido a facilitar la adquisición de la primera residencia habitual.
Un escenario con medidas de distinta naturaleza
Las decisiones de la Diputación Permanente mantienen un paquete de medidas que combina protección social, intervención sobre determinadas adquisiciones, modificaciones tributarias y financiación pública. Sin embargo, descartan la reforma que pretendía reforzar la continuidad de los contratos de alquiler mediante nuevas prórrogas e indemnizaciones.
El resultado introduce una diferencia relevante entre los instrumentos de política residencial que continúan adelante y las garantías contractuales que no han obtenido respaldo parlamentario. Su aplicación y desarrollo determinarán el alcance efectivo de los cambios para propietarios, inquilinos, compradores y empresas del sector inmobiliario.



