Los límites de la agravación sancionadora tributaria
Una controversia sobre la graduación de las sanciones
La Sentencia 1.166/2026, de 20 de octubre, del Tribunal Supremo aborda una cuestión relevante para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración tributaria: si puede aplicarse el incremento del 100 % previsto para los incumplimientos sustanciales de las obligaciones de facturación cuando las facturas falsas tienen su origen en la simulación de una actividad económica y las operaciones documentadas han sido anuladas mediante la regularización tributaria.
La resolución confirma que, en las circunstancias examinadas, no procede aplicar dicha agravación. El interés jurídico del pronunciamiento reside en la necesidad de diferenciar la conducta constitutiva de infracción de los presupuestos que justifican incrementar la sanción. La existencia de facturación falsa no determina automáticamente la concurrencia de un incumplimiento sustancial a efectos de graduación.
El supuesto analizado se originó en una estructura de prestación de servicios de transporte por carretera. Varios socios figuraban como empresarios individuales acogidos al régimen de estimación objetiva y facturaban a una sociedad. La Administración entendió que no existían actividades económicas independientes, sino una fragmentación artificial de una única actividad empresarial.
Esta calificación determinó la regularización de las operaciones y sirvió de fundamento para la sanción por expedición de facturas con datos falsos o falseados.
La autonomía entre infracción y criterio de graduación
El artículo 201.1 y 201.3 de la Ley General Tributaria tipifica como infracción muy grave la expedición de facturas con datos falsos o falseados. Por su parte, el apartado quinto del mismo artículo contempla un incremento del 100 % de la sanción cuando se produce un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación o documentación.
La determinación de ese incumplimiento exige acudir al artículo 187.1.c) LGT. Este precepto contempla, entre otros supuestos, que el incumplimiento afecte a más del 20 % del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación en relación con el tributo y periodo correspondientes, o que impida a la Administración conocer el importe de dichas operaciones.
La controversia no cuestionaba, por tanto, la posibilidad de sancionar la expedición de las facturas falsas. Se discutía si la conducta podía justificar, además, la aplicación del criterio de graduación.
Esta distinción resulta esencial. La tipificación determina si una conducta constituye una infracción administrativa; la graduación establece cómo debe cuantificarse la sanción dentro de los parámetros legales. Son operaciones jurídicas diferentes y requieren una justificación propia.
La interpretación de la Administración y su límite
La Abogacía del Estado defendió que, al haberse declarado inexistente la actividad económica independiente, las operaciones sujetas al deber de facturación debían considerarse inexistentes. Desde esta perspectiva, la facturación simulada supondría un incumplimiento que afectaba a la totalidad de las operaciones y permitiría aplicar el incremento del 100 %.
La Audiencia Nacional rechazó esta interpretación y eliminó exclusivamente la agravación, manteniendo la sanción correspondiente a la infracción.
El Tribunal Supremo confirma este criterio. Considera que no resulta aplicable el artículo 201.5 LGT, en relación con el artículo 187.1.c), cuando concurren conjuntamente las siguientes circunstancias: la conducta sancionada deriva de la simulación de una actividad económica de la que se derivan obligaciones de facturación; se han tomado en consideración los mismos tributos y periodos; y las operaciones entre los socios y la sociedad han sido anuladas como consecuencia de la regularización.
La relevancia del razonamiento está en que la inexistencia de las operaciones, apreciada en el procedimiento de regularización, no puede convertirse, en ese contexto, en fundamento suficiente para aplicar el incremento sancionador pretendido.
La doctrina jurisprudencial y sus efectos
El Tribunal Supremo reitera el criterio establecido en su Sentencia 481/2024, de 18 de marzo, dictada sobre una cuestión equivalente. De este modo, consolida una interpretación que limita la aplicación de la agravación en supuestos de simulación de actividad económica con operaciones anuladas en la regularización de los mismos tributos y periodos.
La doctrina no supone una exclusión general de la responsabilidad por facturación falsa. La infracción prevista en el artículo 201 LGT mantiene su autonomía y puede ser sancionada. Lo que queda excluido es el incremento adicional del 100 % cuando concurren las circunstancias delimitadas por el Tribunal.
Desde la perspectiva de la actuación administrativa, la sentencia obliga a justificar separadamente la concurrencia de los elementos de la infracción y de los requisitos del criterio de graduación. No basta con acreditar la emisión de facturas falsas ni con invocar la inexistencia de las operaciones regularizadas para aplicar la agravación.
Para los contribuyentes, el pronunciamiento ofrece un criterio relevante para discutir la cuantificación de las sanciones en procedimientos relacionados con actividades económicas simuladas. La impugnación puede centrarse no solo en la existencia de la infracción, sino también en la concurrencia de los presupuestos legales que permiten incrementar su importe.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional. No impone las costas del recurso.
Consideración final
La sentencia delimita el alcance de la potestad sancionadora tributaria en materia de facturación. Su aportación no consiste en neutralizar la sanción por emitir facturas falsas, sino en impedir que la agravación se aplique prescindiendo de las circunstancias específicas que justifican legalmente ese incremento.
La distinción entre infracción y graduación constituye, por tanto, el elemento central de la doctrina: la primera puede subsistir aunque no proceda aplicar el agravante de la segunda.



