El Supremo aclara el control de devoluciones tributarias
Las deducciones no quedan fuera de recurso
El Tribunal Supremo ha precisado que las deducciones aplicadas por la Administración sobre una devolución tributaria pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa cuando modifican la cantidad que debe recibir el contribuyente. La Sentencia 974/2026, de 22 de julio, establece así que una comunicación de pago no puede considerarse una actuación meramente informativa cuando produce efectos directos sobre el importe de una devolución reconocida.
El asunto afecta a Sang Motor Siglo XXI, S.A., que tenía reconocida una devolución de 6.295,57 euros de IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2014. La AEAT abonó 4.790,62 euros y aplicó una deducción de 1.504,95 euros por deudas con otros entes públicos del Ayuntamiento de Madrid.
La sociedad trató de recurrir la deducción, pero el TEAC inadmitió la reclamación. La Audiencia Nacional confirmó posteriormente esta decisión. El Supremo considera ahora que la inadmisión no fue conforme a derecho.
El importe de la devolución puede ser discutido
Para el Tribunal, lo determinante no es el nombre que reciba el documento administrativo, sino el efecto que produce. Si la comunicación incorpora una deducción y reduce el importe que la Administración debe pagar, existe una actuación susceptible de control.
La decisión se fundamenta en los artículos 226 y 227 de la Ley General Tributaria (LGT). Estos preceptos delimitan el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas y los actos que pueden ser objeto de ellas. Entre estos últimos se encuentran los que reconocen o deniegan derechos o declaran obligaciones o deberes.
La consecuencia práctica es relevante: un contribuyente que considere incorrecta la aplicación de una deducción no queda privado de la posibilidad de acudir a la vía económico-administrativa por el simple hecho de que la decisión se comunique mediante un documento denominado «comunicación de pago».
La AEAT debe explicar su decisión
El Supremo establece también una obligación de motivación. Cuando una deducción reduce o impide el pago total de una devolución reconocida, la Administración debe justificar las razones de su actuación e incluir en el expediente la documentación necesaria para que el contribuyente pueda conocerlas.
Esta exigencia permite comprobar si la Administración ha aplicado correctamente la deducción y garantiza que el interesado pueda ejercer su derecho de defensa.
Por tanto, no basta con indicar que una determinada cantidad se ha descontado. El expediente debe permitir comprender por qué se ha producido la deducción y cómo afecta a la devolución reconocida.
Especial atención a los embargos judiciales
La sentencia establece un límite importante cuando la deducción procede de un embargo acordado judicialmente. La AEAT no puede revisar la legalidad ni la procedencia de la decisión adoptada por el juez.
Sin embargo, esto no significa que la actuación de la Administración quede fuera de control. La AEAT debe acreditar la existencia de la orden judicial, explicar cómo la aplica y determinar su incidencia sobre el crédito tributario. Esta actuación sí puede ser revisada en vía económico-administrativa.
El caso deberá volver a analizarse
El Supremo estima el recurso presentado por Sang Motor Siglo XXI, anula la sentencia de la Audiencia Nacional y ordena retrotraer las actuaciones para que se examine el fondo del asunto.
La sentencia no resuelve que la cantidad deducida deba devolverse automáticamente. Lo que determina es que la actuación de la AEAT podía ser recurrida y que corresponde ahora analizar si la deducción se aplicó correctamente.
Una garantía para el contribuyente
La doctrina fijada por el Supremo refuerza el control sobre las devoluciones tributarias. Cuando la Administración reduce una cantidad previamente reconocida, debe explicar y justificar su actuación, y el contribuyente puede solicitar su revisión por los cauces previstos en la LGT.
