Mutualistas y RETA: qué cambia con la nueva ley
La publicación de la Ley 2/2026, de 29 de julio, marca un punto de inflexión para los profesionales colegiados que ejercen su actividad a través de mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La norma modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social con el propósito de mejorar la protección de estos profesionales y aproximar el funcionamiento de las mutualidades al sistema público de Seguridad Social.
Aunque la reforma ha despertado un notable interés por la creación de la denominada pasarela al RETA, su alcance es mucho más amplio. La ley introduce nuevas obligaciones para las mutualidades, incrementa las garantías para los mutualistas y establece mecanismos destinados a ofrecer una mayor transparencia sobre las prestaciones futuras.
¿Por qué se aprueba esta reforma?
El legislador parte de una realidad que ha generado un intenso debate durante los últimos años. Muchos profesionales que optaron por una mutualidad alternativa comprobaron que las prestaciones obtenidas, especialmente la pensión de jubilación, resultaban inferiores a las que habrían percibido de haber cotizado en el RETA.
La Ley 2/2026 pretende corregir esta situación sin eliminar el régimen de alternatividad. En consecuencia, mantiene la posibilidad de permanecer en una mutualidad, pero exige que estas entidades ofrezcan una cobertura más próxima a la del sistema público y dota a los profesionales de una nueva alternativa para incorporarse a la Seguridad Social.
La pasarela al RETA: una opción, no una obligación
La principal novedad consiste en la posibilidad de que determinados mutualistas soliciten la transferencia de los derechos económicos acumulados en sus mutualidades a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Desde un punto de vista práctico, conviene destacar que esta medida es voluntaria. Cada profesional deberá valorar individualmente si le interesa mantener sus derechos en la mutualidad o incorporarse al RETA mediante la transferencia prevista por la ley.
También es importante tener presente que la reforma no reconoce automáticamente todos los años de permanencia en la mutualidad como años cotizados. Los períodos que finalmente se computen dependerán del capital transferido y de los criterios técnicos que establezca el reglamento de desarrollo.
Nuevas obligaciones para las mutualidades
La reforma también modifica las condiciones de funcionamiento de las mutualidades alternativas.
En primer lugar, las aportaciones mínimas deberán incrementarse progresivamente hasta equipararse con las cotizaciones exigibles en el RETA. Paralelamente, las prestaciones mínimas que ofrezcan estas entidades deberán garantizar una protección más cercana a la prevista por la Seguridad Social.
Asimismo, las mutualidades estarán obligadas a proporcionar información periódica sobre la evolución de los fondos, el valor estimado de las futuras prestaciones y los costes que afecten a cada mutualista. Con ello se pretende facilitar una mayor transparencia y permitir que los profesionales puedan adoptar decisiones con un mejor conocimiento de las consecuencias económicas de cada opción.
Aspectos que aún deben concretarse
A pesar de la importancia de la reforma, numerosos aspectos continúan pendientes de desarrollo reglamentario.
Entre otras cuestiones, el Gobierno deberá determinar el procedimiento para solicitar la transferencia, la fórmula que permitirá convertir los derechos económicos en períodos cotizados y el tratamiento de determinadas aportaciones realizadas dentro de las mutualidades.
Hasta que estas cuestiones queden definidas, será difícil valorar con exactitud el beneficio que la pasarela puede representar para cada profesional.
Una reforma que exige un análisis individual
La Ley 2/2026 ofrece nuevas posibilidades para los profesionales colegiados, pero no establece una solución única aplicable a todos los mutualistas.
La conveniencia de permanecer en una mutualidad o incorporarse al RETA dependerá de múltiples factores, como la edad, la carrera de cotización, el capital acumulado y las expectativas de jubilación. Por ello, antes de adoptar una decisión definitiva será recomendable realizar un análisis individual de cada situación una vez se publique el reglamento que complete el contenido de la reforma.
