El Gobierno aprueba el proyecto de Estatuto de prácticas no laborales
El Ejecutivo ha aprobado el Proyecto de ley de prácticas no laborales con el propósito de reforzar el control sobre las actividades formativas desarrolladas en empresas. La iniciativa establece reglas claras para diferenciar las prácticas académicas de las relaciones laborales ordinarias.
El texto responde a la necesidad de evitar abusos detectados en los últimos años. Para ello, introduce una presunción de laboralidad en determinados supuestos y endurece el régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar los 225.018 euros.
Condiciones para que exista práctica formativa
La norma establece que las prácticas deberán vincularse a estudios universitarios oficiales, a la Formación Profesional o a programas públicos de empleo. Si no existe esta vinculación, la relación podrá calificarse como laboral.
También se considerará relación laboral cuando la persona en prácticas sustituya a trabajadores o desempeñe funciones ajenas al itinerario formativo. El objetivo es garantizar que la actividad tenga un contenido formativo real.
Límites en número y supervisión
Las empresas deberán formalizar convenios con centros formativos y elaborar planes individualizados. Cada tutor podrá asumir hasta cinco personas en prácticas, o tres en centros pequeños.
El número total de personas en formación no podrá superar el veinte por ciento de la plantilla. Sin embargo, cualquier empresa podrá acoger al menos dos personas en prácticas.
Derechos y protección
El Proyecto de ley prohíbe el pago por acceder a prácticas y reconoce la compensación de gastos. También garantiza el respeto a los límites de jornada, descansos y vacaciones.
La norma pretende reforzar la protección en materia de seguridad y salud, incluida la prevención del acoso, y asegura la compatibilidad con la actividad académica.
